La Declaración Ministerial de Estambul, aprobada hoy 22 de marzo en la clausura del V Foro Mundial del Agua, no reconoce finalmente el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano, aunque sí aparece recogido en un anexo a la misma, suscrita por 19 países.
La inclusión o no de ese derecho ha sido el aspecto más polémico de la Declaración y España lideró esta propuesta junto con un grupo de países latinoamericanos y Suiza, al que con posterioridad se incorporó Sudáfrica, con el objetivo de que Naciones Unidas lo reconozca.
Los 19 países, entre los que se encuentran Bolivia, Paraguay, Uruguay, Bangladesh, Marruecos, Guatemala, Ecuador, Cuba, Chile y Venezuela, se comprometen a realizar las acciones necesarias para la implementación progresiva de ese derecho.
En declaraciones a los medios, la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, explicó que el contenido de este anexo podría tratarse en un Consejo de Ministros de la Unión Europea con el objetivo de sumar a los países comunitarios al documento.
"Como Gobierno de España podemos sentirnos orgullosos de defender un derecho que a lo mejor los españoles no lo apreciamos tanto, pero para personas que viven en otros países es hoy algo prácticamente inalcanzable", subrayó Espinosa.
La ministra consideró que si los países de la UE se suman a los 19 que han suscrito el anexo "pronto podría ser una realidad" el reconocimiento de ese derecho, si bien opinó que "es más importante que trabajemos para cumplir los objetivos que la propia declaración.
Por su parte, la directora general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Marta Morén, aseguró que aunque Francia y Alemania no hayan suscrito el anexo están de acuerdo.
Por ello, la Unión Europea en su reunión de coordinación ha preparado otro documento en el que manifiesta una posición similar al respecto, para que también quede como anexo a la Declaración de Estambul, señaló.
"Reconocemos las discusiones, los debates en el marco de las Naciones Unidas en lo que respecta a los Derechos Humanos y al acceso seguro al agua potable y al saneamiento. Reconocemos este derecho y revisaremos cómo podrá llevarse a cabo en nuestras leyes nacionales, reglamentos, políticas y prácticas", señala el texto.
